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Tras haber anunciado en rueda de prensa llevada a cabo a finales del pasado año, la Oficina Nacional de Defensa Pública con previa aprobación del Consejo Nacional, limitó el servicio de asistencia legal gratuita que brinda la institución, en los siguientes casos: a ninguna persona con comprobada solvencia económica, en materia disciplinaria (jueces, fiscales, policía y militares), conciliación en fiscalía, en casos de extradición, en casos de instancia privada, en los juzgados de paz y de tránsito. Decidiendo concentrarse en los procesos en que los imputados corren el riesgo de perder su libertad, que en delitos económicos y sociales.

Decisión producto de la insuficiente asignación presupuestaria, pues en los últimos años han renunciado un importante número de defensores(as) debido a la carga de trabajo, sin poder incrementar el capital humano. Teniendo en cuenta que la institución asiste el 75% de los casos ingresados al sistema de administración de justicia penal. Además que aún no se ha podido ofrecer el servicio de defensa en todo el territorio nacional, por no contar con los recursos para instalar oficinas en cada localidad.

Aunque la institución este obligada por mandato constitucional a prestar un servicio de defensa pública gratuita, de fácil acceso, eficiente y con calidad. El Estado tiene el deber de suministrar los medios económicos y suficientes para que la institución pueda ofrecer un servicio efectivo del derecho a la defensa en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, lo cual es imposible de materializar con la actual asignación presupuestaria. Por lo que la institución se ha visto en la necesidad de ponderar la prevalencia o no, del principio de igualdad en la prestación del servicio de defensa pública. En contraposición a que dicho servicio continúe con altos estándares de calidad y eficiencia.

Dicha medida es provisional, hasta tanto se cuenten con los recursos y el personal suficiente para prestar el servicio de calidad que ha caracterizado a la institución.