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La Constitución convierte a la Defensa Publica en uno de sus órganos, independiente administrativa y presupuestariamente, cuyo servicio de tutela efectiva del derecho de defensa, debe ser otorgado en todo el territorio nacional de manera gratuita, indicando “…el servicio de Defensa Publica se ofrecerá en todo territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, eficacia y calidad, para las personas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado”

Evidentemente la disposición de nuestra ley suprema nos conmina a fortalecer el servicio prestado, principalmente en lo relativo a su expansión. En la actualidad tenemos 22 oficinas abiertas, restando 13 para cubrir todo el territorio nacional. La institución tiene como el firme compromiso de poner en funcionamiento las oficinas restantes, situación que además supone la contratación de nuevo personal, implicando este hecho una responsabilidad compartida, la nuestra de aperturar estas oficinas y la del Estado dominicano de otorgar la partida presupuestaria correspondiente para el fiel cumplimiento de la referida disposición.

Es el momento de la consolidación de la defensa pública, como institución estatal que brinda un servicio enfocado a la satisfacción del usuario a través de su prestación bajo elevados niveles de calidad, en la búsqueda continua de la excelencia, siempre orientado a la consecución del respeto a los derechos fundamentales y el debido proceso.