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Su directora Dra. Laura Hernández destaca que el país acogiese hace cinco siglos el primer reclamo por el Derecho y la Justicia

 La directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), Dra. Laura Hernández Román, ha afirmado hoy que los Derechos Humanos son “una asignatura pendiente” en República Dominicana a pesar de los avances que se hayan podido realizar en los últimos siglos. Estas palabras las pronunció durante la conferencia magistral con motivo de los actos del Día Internacional de los Derechos Humanos, organizados por la ONDP y ProConsumidor, entre otras instituciones y entidades públicas.

La Dra. Hernández hizo un repaso durante su intervención a la evolución de los Derechos Humanos tanto en nuestro país como en el entorno internacional y recordó que los Derechos Humanos deben ser exigidos: “debemos seguir haciendo efectivo los derechos fundamentales y evitando que desaparezcan los derechos por falta de ser reclamados”, añadió.

En este sentido, la directora de la ONDP señaló que aunque han pasado 65 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más de cinco siglos del Sermón de Adviento que Fray Antón de Montesinos pronunció en nuestro país, no se ha avanzado lo suficiente en esta materia. “Debemos luchar porque a toda persona se le trate dignamente, porque se le respeten sus derechos”, agregó.

Al final de su intervención, la Dra. Hernández animó a los ciudadanos a que “conozcan que tienen derechos, que todos reclamen sus derechos y que todos los que servimos en el Estado garanticemos cada uno de los derechos de que son titulares todos y cada uno de los seres humanos que habitan en la República Dominicana”.

La ONDP se define como el brazo humano de la Justicia y la única institución que verdaderamente garantiza el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Este órgano constitucional es considerado parte de la política social del Estado, pues representa un servicio gratuito para un derecho humano fundamental, como es la libertad.

Defensa Pública cuenta en la actualidad con un total de 475 empleados, de los que 147 son defensores/as públicos/as, 78 abogados/as adscritos/as contratados/as y 26 abogados/as de oficio. El organismo ha brindado asistencia, desde su creación y hasta diciembre de 2014, a un total de 238,296 personas.