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La Directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Dra. Laura Hernández Román, considera inadecuada la pieza legislativa que pretende modificar la Ley 136-03, por ser esta incongruente y contraria a disposiciones constitucionales, legales y convencionales. Esta propuesta de modificación obedece al populismo penal y no a un estudio profundo respaldado por estadísticas.

La Ley 136-03 dejó atrás la añeja teoría del discernimiento para asumir la doctrina de la Protección Integral, propuesta como modelo por la ONU a través de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, que fuera ratificada por nuestro país en el año 1991. 

En el proyecto de reforma aprobado por la Cámara de Diputados deben ser ponderados los siguientes aspectos:

 

Contradicción sistémica de la norma. Es importante armonizar el contenido de la propuesta presentada con el texto constitucional, los convenios internacionales y la propia Ley 136-03, ya que esta modificación presenta graves contradicciones entre si y más aun coligen con otros textos vigentes, lo cual implicaría arrastrar otras modificaciones, que no favorecerán al fortalecimiento del Estado democrático y de derecho que supone vive nuestro país.

Aumento de las penas. El sistema de responsabilidad penal juvenil que hemos asumido está fundamentado sobre pilares que pretende la transformación del ser humano que infringe la ley, como son la socialización, educación y rehabilitación de la persona adolescente sentenciada.  Los países donde se ha producido un aumento de las penas o prisión perpetua no han resuelto el problema de la criminalidad, ya que las razones que la provocan son otras. Y estas son la falta de oportunidades, exclusión social, marginalidad, deterioro de la familia, educación deficiente, etc…

Es necesario analizar la inversión que realiza el Estado en las personas privadas de libertad por sentencias condenatorias, cuyos planes individuales de desarrollo personal deben estar acompañados de recursos que permitan lograr una verdadera educación y reinserción social. De lo contrario, estaríamos potencializando las capacidades de malos hábitos y aprendizaje vandálico que se da en los centros de privación de libertad, como producto de la descomposición y la falta de controles adecuados. Cuyos efectos serian devastadores para una persona en desarrollo como lo es un adolescente, ya que si no hemos logrado un proceso efectivo de reinserción por falta de recursos a procesos de condena de 5 años que provocaríamos con condenas de 15 años. 

Reducción garantías jóvenes adultos. El sistema de responsabilidad penal de la persona adolescente incluye no sólo a los adolescentes per se, sino también aquellos que estando sometidos a este adquieran la mayoría de edad. De transferirse a los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), tal y como propone el proyecto de modificación, no solo estaríamos violando las disposiciones de la Ley 136-03 en su artículo 350, sino también las disposiciones de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 37.c, lo cual pudiera acarrear responsabilidad internacional para el Estado Dominicano. Además, de que se desconoce el valor de especialización del sistema penal juvenil, como principio rector.

Valor probatorio del acta de nacimiento. La propuesta de Ley presentada, por un lado indica que el acta de nacimiento es un documento válido para la acreditación de la identidad y edad de la persona y ante duda se recurrirá a otros medios probatorios. Pero por otro lado, se le da más valor a la prueba ósea, la cual prevalecerá sobre cualquier otro medio de prueba, incluida el acta de nacimiento y la cédula. De esta forma estamos reduciendo el valor del acta de nacimiento, como mecanismo para indicar el nacimiento de una persona, filiación y nacionalidad; así como el de la Cédula de Identidad y Electoral, que es el instrumento oficial valido para determinar la identidad de las personas adultas o menores de edad con calidad para portarlas. Resultando delicado acoger estos planteamientos, ya que estaríamos declarando que nuestro Estado es frágil y sus mecanismos institucionales no funcionan.

La Defensa Pública rechaza la reforma de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en tanto la misma constituye un retroceso de los pocos avances que hemos logrado en la aplicación de una justicia democrática para la persona adolescente, tal como lo consigna la Constitución de la República.