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El jueves 22 de noviembre del 2012, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) organizó una Mesa Redonda sobre Transparencia y Gobernabilidad con el nombre “El Presupuesto del Sector Justicia”. En dicha mesa participó por el Poder Judicial, el Magistrado Samuel Arias Arzeno, miembro del Consejo del Poder Judicial; por el Ministerio Público, el Magistrado Cedano y por la ONDP, su directora Dra. Laura Hernández Román.

Durante su participación la Dra. Hernández Román resaltó la problemática del bajo presupuesto en el sector justicia. Lo que ha impedido que los usuarios del sistema de justicia ejerzan adecuadamente el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Señalo además la Dra. Hernández Román: “que el Estado Dominicano con la asignación de un presupuesto inferior al requerido por el Sector Justicia se ha constituido en una traba para que las personas ejerzan sus derechos, debido a la poca celeridad con que reciben respuesta. Lo que ha sido reconocido como una vulneración a dicho derecho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH)”

 

Destacó que la desigualdad real en el ejercicio del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva se manifiesta con mayor trascendencia cuando no se establecen las condiciones para que las personas sometidas a un proceso penal puedan ser asistidas adecuadamente por un defensor de su elección. Sobre todo, si se trata de la brindada por el Estado a través de la institución creada para dichos fines, como es la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP).  Lo que se evidencia en la imposibilidad material de la ONDP para extender sus servicios de defensa a nivel nacional. Ya que luego de 9 años de su creación faltan oficinas para ser instaladas en los 13 distritos judiciales faltantes.

El presupuesto actual de la ONDP es de RD$240,559,179.00, lo que sólo ha permitido mantener de manera precaria los servicios de defensa brindados en las 22 oficinas existente. Por lo que, se requiere de una mayor asignación presupuestaria. Para el año 2013 el presupuesto solicitado es de RD$406,431,197.32.

La necesidad presupuestaria de mayores recursos se muestra en el hecho de que por el hecho de no contar con los recursos que realmente necesitamos –aunque suene poco modesto decirlo- es una lastima que una institución que maneja sus fondos con los niveles de transparencia y pulcritud, se vea afectada por lo precario de su presupuesto. Lo que afecta el servicio que brindamos.

Si comparamos los casos que ingresaron en el 2008fueron 19,946 casos y en el 2011 la cantidad 23,738 casos ordinarios, más 2,013 correspondientes a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes. Lo que refleja un total de 25,751, conforme a los Informe Anuales de la ONDP de los años referidos. Además, de conformidad con los datos ofrecidos por el Segundo Censo Nacional Penitenciario, respecto a los imputados que se encuentran privados de libertad en los recintos penitenciarios del país, de 4,733 asistidos por la institución en el año 2006, pasamos a asistir la cantidad de 9,483 en el año 2011. Es decir, el 47.4% del universo de casos del sistema penitenciario nacional.

Por todo lo anterior, y tomando en cuanta que la defensa pública es el brazo humano del sector justicia, y la única institución que verdaderamente garantiza el acceso a la justicia de los grupos vulnerables, no aumentar nuestro presupuesto sería funesto para la Defensa Pública, pero sobre todo para los grupos más vulnerables del país. Esta institución, órgano constitucional, debe considerarse parte de la política social del país, pues representa un servicio gratuito para un derecho humano fundamental, pues luego de la vida el bien más preciado de una persona es su libertad.