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Con el objetivo de informar sobre las características de la población privada de libertad y medir el impacto de la reforma penitenciaria, Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), la Oficina Nacional de Defensa Pública y el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia presentaron los resultados del Segundo Censo Nacional Penitenciario, que realizaron conjuntamente, luego de 5 años de su primera edición.

Este 2do. Censo permite analizar la realidad de las personas privadas de libertad,  sobre una base de 20,007 internos, en un total de 42 recintos penitenciarios, de los cuales 22 son del modelo tradicional con un 81.5% de la población censada, 13 centros son del nuevo modelo, con un 17.2% de la muestra y 7 áreas de detención preventiva correspondiente a un 1.3% de los internos.

El estudio arroja impactantes datos sobre problemáticas ya identificadas como lo es el hacinamiento del modelo penitenciario nacional. Esto se refleja en el hecho que existen actualmente 8,502 internos por encima de la capacidad instalada, es decir un 74% de sobrepoblación, lo que se explica las condiciones deplorables en que se encuentran las personas privadas de libertad y la imposibilidad material de implementar el sistema progresivo establecido por el régimen penitenciario.

 En el caso de los Centros del Nuevo Modelo Penitenciario, los internos representan solamente el 70% de su capacidad, por lo que el sistema penitenciario aún puede garantizar un internamiento más adecuado y con mejores condiciones para la reinserción social de los condenados.  

 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS

El Censo encontró que del total de 20,007 internos, 671 o sea el 3.4% son mujeres y que de toda la población el 77,5% es predominantemente joven, comprendiendo la muestra un 1.7% de menores de 18 años; un 49% de 19 a 29 años; 27.7% y 12.5% de 30 a 39 y de 40 a 49 años respectivamente; 4.6% desde 50 hasta 59 años; y un 4.6 porciento dividido entre internos mayores de 60 años y aquellos que no logran recordar.

Del total de los internos, el 51.6% de la población penitenciaria es soltero, seguido por los casados, con un  33.7% del total, con un aumento con respecto al 2006 en un 10%. Este dato implica que más de 6,750 familias se ven afectada por el hecho de que uno de sus miembros está condenado, cumpliendo su pena en uno de los establecimientos tradicionales del sistema penitenciario, donde no existen condiciones para seguir generando recursos que contribuyan al sostenimiento de sus hijos o dependientes.

De la población censada el 10.5% son analfabetos, lo que representa una leve reducción del 2 por ciento con respecto al 2006. Solo el 7.5% reporta haber culminado su secundaria, mientras que el 24.8% cuenta con el nivel básico y un 34.6% ha realizado estudios de quinto a octavo de primaria. 420 de los censados cuentan con un título universitario lo que asciende a un 2.1% y 640 de los internos declara haber asistido a un recinto de educación superior, comprendiendo estos un 3.2% del total muestreado.

De los censados, solo 6.2 porciento es extranjero, siendo la haitiana la principal nacionalidad, con un ascenso de un 1% con respecto al 2006.

APLICACIÓN DE LA PENA

Con relación a la aplicación de las penas,solo el 15% de los privados de libertad les fue impuesto un monto de fianza y que en incumplimiento del artículo 239 del Código Procesal Penal, el 76,5% de los internos censados no ha tenido revisión de su medida de coerción.

El 35 porciento de los internos ha estado recluido por un periodo de 1 a 5 años y el 32.3% lo ha estado por menos de un año, mientras que el 19 1% o sea 3,821 internos, no han podido responder a esta pregunta.

Dentro de los internos que están guardando prisión con sentencia definitiva, los que tienen un mayor porcentaje son los que tienen de uno a cinco años, con un 48.1%, y de los que no tienen sentencia definitiva la mayoría son los que tienen menos de un año con un 44.3%.

Aunque la cantidad de condenados en el sistema creció de un 31% en el primer censo al 46% en el 2do. Censo, la población preventiva casi se ha triplicado. De esa población, cerca de 500 internos tienen más de cinco años sin que se haya resuelto su situación procesal de manera definitiva. Lo cual denota una gravísima crisis en el sistema penal, en cuanto a la poca celeridad con la cual se están conociendo los procesos.

Los delitos más frecuentes por los cuales fueron acusados los internos censados son homicidio con un 32.1%; tráfico de drogas con un 30%, con un aumento en 12% desde el pasado censo y robo con un 20.9%, lo que representa una  disminución del 5% con relación al periodo anterior.