4 de Mayo de 2020
La Web. - El estado de emergencia decretado a raíz de la crisis sanitaria por COVID-19 plantea arduos desafíos para todos los operadores que trabajan en el sistema de justicia penal. Las vías para acceder a la justicia, aunque limitadas, están disponibles y es allí dónde se requiere ese contrapeso de la actividad persecutora que recae en manos del Ministerio Público. El derecho de defensa no se suspende en el Estado de Emergencia; por tal razón, es necesario establecer cuáles mecanismos procesales están disponibles a los fines de salvaguardar los derechos y garantías que tienen los ciudadanos.
¿En qué medida el rol desempeñado por el Ministerio Público y la Defensa Pública pueden neutralizar la propagación del COVID-19 en los recintos carcelarios?
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Escritora del artículo: Lcda Ramona Curiel
Dirección Técnica
