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Comité Ejecutivo y Consejo Directivo de la AIDEF realizan reunión

Lunes, 18 Octubre 2021
Santo Domino.-El director nacional y Coordinador Regional de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) para la región del Caribe, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos se reunió con el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo de AIDEF, donde abordaron temas sobre los avances de las jornadas de capacitaciones que llevo a cabo la Oficina Nacional de Defensa Pública de la Rep. Dom., En ejercicio de la Coordinación de la AIDEF para el Caribe. Estas capacitaciones realizadas fueron: • Curso: el derecho de defensa en el manejo de audiencias virtuales desde una perspectiva constitucional. Se llevó a cabo los días 7 y 8 de julio, en horario de 2:00 pm a 3:00 pm, hora de República Dominicana, a través de la herramienta de videoconferencias de Microsoft Team. Curso: abordaje integral de migrantes, trato inclusivo y acceso a la justicia. Se llevó a cabo los días 14, 15 Y 16 de septiembre 2:00 P.M. 4:00 pm.  Por igual anunciaron los próximos cursos:   Conversatorio virtual "justicia penal juvenil, un enfoque desde las sanciones socioeducativas"Este evento se llevará a cabo, el jueves 21 de octubre del año en curso, en horario de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Hora de República Dominicana, a través de la herramienta de Videoconferencias de Microsoft Teams, el formulario de inscripción está en este momento publicado y abierto para todos los interesados.   Acceso a la justicia de las personas con discapacidad psicosocial. Esta actividad está programada para la segunda semana de noviembre.

Posesionan nuevo Coordinador del Departamento Judicial de la Provincia de Santo Domingo.

Martes, 05 Octubre 2021
Santo Domingo.-Director Nacional de la Defensa Pública, Licdo. Rodolfo Valentín Santos posesiono como nuevo Coordinador del Departamento  Judicial de la Provincia de Santo Domingo al Licdo. Carlos Batista Vicente. Carlos Batista Vicente es Egresado de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) el cuatro (4) de Julio del año mil novecientos noventa y dos (1992), teniendo a la fecha de hoy veintiséis 26 años de ejercicio profesional de los cuales dieciséis (16) años han sido ejercidos en la Defensa Pública.   Dentro del ámbito de formación académica posee Master en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad de Castilla La Mancha;  Post-grado en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD); Diplomado sobre Derecho Migratorio y Consular; cursos, Seminarios, Talleres y jornadas de capacitación completan su curriculum académico.    Forma parte del primer grupo de defensores egresados del Programa de Formación de Aspirantes que imparte la Escuela Nacional de la Judicatura (diciembre del 2002), pasando a formar parte de la Oficina Nacional de Defensa Pública en enero del 2003, siendo designado para prestar servicios en el Departamento Judicial del Distrito Nacional.   En el año dos mil cuatro (2004) fue designado para aperturar en condición de Coordinador del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís.   En el año dos mil siete (2007) fue designado para poner en funcionamiento la oficina de Defensa Pública del Distrito Judicial de Monte Plata en condición de Coordinador hasta el mes junio del año dos mil doce (2012), retornando al Distrito Nacional.   En junio del año dos mil doce (2012) fue designado por el Consejo de la Defensa Pública como Coordinador del Departamento Judicial Distrito Nacional.   Dentro de los méritos acumulados están el de haber sido electo en el año dos mil doce (2012) como coordinador del año dentro de todos los coordinadores de la defensa pública, así como reconocimiento como miembro de la Unidad de Actualización Profesional.  

Historia de Éxito.

Martes, 05 Octubre 2021
Valverde Mao.- En fecha 29 de septiembre del 2021, el Licdo. Jorge Delanda Andeliz, abogado adscrito de la Defensa Publica de Mao, logro que el Tribunal Colegiado de Valverde dictara sentencia absolutoria en favor del ciudadano Ronald G. J., quien estaba acusado de robo agravado, asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas y terrorismo, tipos penales establecidos en los artículos 265, 266, 379, 384, 393 y 397 del Código Penal Dominicano; artículos 67, 68 y 70 de la ley 631-16 para el control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados; artículos 5, 17, 19 y 22 de la Ley 267-08 sobre Terrorismo. El tribunal Colegiado fundamento su absolución, en base a que no existían pruebas que vinculara al ciudadano Ronald G. J. con el robo de dos fusiles M-16-A2, dos lanzas granadas M-203, dos cargadores para fusiles tipo banana, 40 capsulas calibre 5.56 milímetros y tres capsulas de granadas M-203 en el depósito del Noveno Batallón de Macheteros de la 4ta Brigada de Infantería del Ejército de la Republica Dominicana. En ese mismo proceso, la Licda. María Victoria Milanés, abogada adscrita de la Defensa Publica de Mao, logro que se excluyera la calificación jurídica de terrorismo, delito por el cual también se acusaba a su representado Oscar Manuel G. ciudadano que fue declarado culpable y condenado a 5 años de reclusión, rechazando los 20 años que había solicitado el ministerio público, de los cuales ya tiene la mitad de la pena cumplida.

Entregan Certificados de Formación para Abogados Adscritos en Técnicas sobre Litigación Penal.

Martes, 05 Octubre 2021
Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Defensa Pública realizo la entrega de certificados a 23 abogados adscritos en técnicas para litigación penal. Estas capacitaciones fueron estructuradas por la Coordinadora de Carrera, Lcda. Yurissan Candelario, quien dio las palabras de apertura en el evento, seguida luego por la Licda. Fabiola Del Carmen, representando a los docentes, la Licda. Rosa Elena Morales de la Cruz quien agradeció en nombre de los estudiantes y el Licdo. Rodolfo Valentín Santos, en calidad de Director Nacional de la ONDP. Esta formación en su primera etapa fue impartida en los meses de julio y agosto de este año 2021, Con una duración de 40 horas presenciales y 36 virtuales. Las clases presenciales fueron impartidas en el Salón Francis Taylor del Coin y en el aula de Oficiales del Campamento Juan Pablo Duarte. El curso práctico se llevó a cabo en la metodología sincrónica y asincrónica la cual aborda de un modo mucho más práctico y activo la enseñanza de la dinámica que se desarrolla en las diferentes audiencias orales en materia penal. En este sentido el objetivo central del curso fue lograr que los participantes desarrollaran técnicas, herramientas y habilidades necesarias para afrontar audiencias desde la óptica del defensor técnico. El contenido del curso se centró en el conocimiento de la estructura básicas del derecho penal sustantivo, los principios que rigen el sistema acusatorio, las distintas particularidades de la teoría del caso ajustada a cada audiencia, el alegato de apertura, la actividad probatoria en las diferentes etapas del proceso, con especial atención al examen directo y contra examen de testigos y de peritos, el alegato de clausura, la réplica y la distinción de los distintos ámbitos de discusión de las diferentes audiencias orales, punto este que fue abordado de manera transversal. El acto de entrega de certificados fue realizado por el Director Nacional de Defensa Pública, Licdo. Rodolfo Valentín Santos, junto a la Directora Técnica, Licda. Ramona Curiel y el Director Administrativo y Financiero, Licdo. Joan Manuel Calderón.   Los abogados que recibieron certificados en esta primera capacitación son: Diana Esther Casado Rosario. Héctor Julio Mejía. Santiago García Reyes. Rosa Elena Morales de la Cruz Miguel Osvaldo Lugo Arvelo Yina Suriel Castillo Heidy Caminero Yoel Agustín Gil Herrera Manuel Tejeda Sandalia Taveras Duran Elisa Gerónimo Severino Catherine Domínguez Ana Wendi López Veras Jefree Domínguez Yafreisi Cruz de la Cruz Wadner Joel Nuñez Melo Gioconda M. Solis Grullon Luis Rodríguez Pablo Emmanuel Santana Cruz Igor Marcel Díaz García Victoria Alejandra Mauriz Angélica María Ramírez Pinales Eligna Suero Arciniega  Por Igual se reconoció a los docentes que pertenecen a la Unidad de Actualización Profesional: Fabiola Del Carmen Juana Bautista De la Cruz Claudio Arias Carmona Manuel Meccariello Cádiz Dalcia Yaquelin Bello Roberto Carlos Clemente Amalphi del Carmen Gil Marina Polanco Rivera Yuberky Tejada Pablo Ventura Yulis Nela Adames Miguel Valdemar Díaz Edwin Marine Reyes Marleidi Altagracia Rafaelina Valdez Encarnación Cirilo Mercedes Julio Cesar Lluveres Marleidi Altagracia Vicente.  

Defensores Públicos y Abogados Adscritos del Departamento Judicial de Santiago recibe libros del área de Derecho Constitucional de parte del Tribunal Constitucional Dominicano.

Miércoles, 29 Septiembre 2021
Santo Domingo.-Los Defensores Públicos y Abogados Adscritos del Departamento Judicial de Santiago, así como parte de su  personal Técnico y Administrativo recibieron una gran parte de los libros más recientes que se han puesto en circulación por parte  del Tribunal Constitucional. Esta donación de libros se realiza a solicitud de la Coordinación de la Defensa Pública del Departamento Judicial de  Santiago y por motivo de la necesidad de fortalecer el área Constitucional y Procesal Constitucional de los Defensores Públicos y Abogados Adscritos del Departamento Judicial de Santiago. Agradecer al Juez Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Magistrado Milton L. Ray Guevara por la importante donación realizada a los Defensores y Abogados Adscritos del Departamento Judicial de Santiago.  Con sus valiosos aportes se contribuirá a continuar fortaleciendo la formación académica, el manejo de las normas  y principios procesales en el área constitucional, así como ayudará a elevar la calidad del servicio que ofrecemos en esta área. Algunos de los  libros que recibieron los Defensores Públicos y Abogados Adscritos son: Los boletines de jurisprudencias años (2016-2018) El Tribunal Constitucional y los Procesos Constitucionales (2020) Constitución Política. Política Constitucional del magistrado Díaz Filpo (2020) Guía Básica sobre Procedimientos ante el Tribunal Constitucional (2015-2018) La sentencia 168-13 Antología de una Defensa Esencial (2014). El Sistema Constitucional Dominicano (2019) La buena Administración como base de la Potestad Expropiatoria Estatal (2017) Estado Social y Democrático de Derecho en la RD: ¿Paradigma Constitucional o Realidad Social? La soberanía de la Constitución (2019) Entre otros.

Historias de éxitos de trabajo.

Miércoles, 29 Septiembre 2021
Cambio de precedente por parte del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Valverde El Licdo. Jorge Delanda Andeliz, abogado adscrito de la Defensa Publica de Mao, logro que el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Valverde cambiara su criterio en cuanto a la aplicación de la suspensión condicional de la pena establecida en el artículo 341 del Código Procesal Penal. En donde al imputado Juan H. P. se le impuso la condena de cinco años de reclusión, hacer cumplido de la forma siguiente: 7 meses privados de libertad (cumplidos) y 4 años y 5 meses bajos condiciones, conforme lo previsto en el artículo 341 del Código procesal Penal, ciudadano que se le acuso de tráfico de cocaína y el ministerio publico solicito 8 años de reclusión.   El Licdo. Jorge Delanda Andeliz presento al tribunal, la sentencia No. 001-022-2021-SSEN-00338 de fecha 30 de abril del 2021 emitida por la Suprema Corte de Justicia, ante un recurso de casación interpuesto por el Defensor público de Mao Licdo. Andrés Madera, en donde la SCJ  también cambio su criterio al respecto y estableció: “es menester dejar establecido que, cuando el artículo 341 del código procesal penal se refiere a la primera de las condiciones exigidas por el citado texto para suspender la ejecución parcial o total de la pena, de modo condicional, se está refiriendo obviamente a la pena concreta, esto es, a la sanción a imponer por el juez o los jueces, pues de la redacción del referido texto se desprende de su contenido que incluye el verbo “conllevar”, que significa implicar, suponer, comportar, acarrear, por consiguiente, al expresar el texto analizado que la condena conlleva una pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años, de manera que, para esta Segunda Sala esa condición prevista en el texto en comento se refiere evidentemente a la sanción impuesta por el tribunal sentenciador, es decir, la pena concreta y no a la pena abstracta; así lo sostiene la doctrina más reputada sobre esa cuestión, al afirmar que, la consideración ha de ser respecto de la pena impuesta y no de la prevista en el código. En ese sentido, es oportuno resaltar que si bien esta Sala en varias oportunidades ha sostenido el criterio que la pena a tomar en cuenta para la suspensión condicional de la pena es la prevista en el código, la lectura más atenta y detenida del artículo 341 del código procesal penal, nos conduce asumir la postura que adoptamos como criterio en esta sentencia, pues es la que respira la redacción del referido texto, lo cual implica un apartamiento de los precedentes que hasta ahora ha sostenido esta sala sobre esa cuestión.”. Con este cambio de precedente por parte del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Valverde se benefician nuestros usuarios, ya que anterior a esta decisión se tenía que recurrir ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago para conseguir la suspensión condicional de la pena.  Defensor Público Julio Cesar Lluveres Jiménez. El defensor público Julio César Lluveres Jiménez obtuvo cinco (05) sentencias absolutorias. Cinco personas fueron descargadas de toda responsabilidad penal por la intermediación del defensor público que asistía en los juicios seguidos por alegada violación a las disposiciones de la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas, robo agravado y violencia intrafamiliar. Por otro lado, el Lic. Julio César Lluveres Jiménez logró nueve (09) auto de no ha lugar, en procesos seguidos a igual número de personas bajo la acusación de supuesta violación de la Ley 50-88 Sobre Drogas y Sustancias Controladas.   Licda, Ana Rita Castillo. Por otro parte, la Licda. Ana Rita Castillo, abogada adscrita logró obtener seis (6) autos de no ha lugar en favor de personas que estaban siendo procesadas por la supuesta violación de las disposiciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y violencia intrafamiliar.